La Ley Sinde no es sólo la Ley Sinde

Con veinte votos a dieciocho se ha saldado de puertas para adentro el rechazo en la Cámara Baja a la parte de la Ley de Economía Sostenible conocida como «Ley Sinde». Decepción y frustración para la parte sensata del colectivo creador y para el Gobierno, y explosión de gozo extásico para el mal llamado grupo de los usuarios y sus portavoces y mensajeros más mediáticos.

Las reacciones de unos y otros no se han hecho esperar. Los mismos que en el Congreso votaban en contra decían que se trata de una chapuza digna de Pepe Gotera y Otilio. Alejandro Sanz habla de cobardía e hipocresía de los políticos españoles. El director de cine Álex de la Iglesia comentaba que «a lo mejor la solución dada no es la más acertada, pero alguien tiene que protegernos de algún modo«. La presidenta de la Comunidad de Madrid opinaba en su Twitter que únicamente los jueces están legitimados para clausurar una web, y que la propuesta de Sinde era simple y llanamente censura. Aldo Olcese ya preveía el posible fracaso de la ley, y anunciaba que en tal caso la Coalición de creadores que preside encauzaría sus esfuerzos a perseguir el ilícito a ras de suelo, yendo contra los usuarios.

Esto último ya está efectivamente implantado en países como Francia y el Reino Unido («más rústicos«, según Álex de la Iglesia): el ejecutivo francés apercibe al usuario responsable de la conducta ilícita informándole de que está cometiendo una infracción contra la propiedad intelectual, y en caso de reincidir en el comportamiento, le sanciona bloqueando su conexión. Reino Unido lleva a cabo una conducta parecida, pero desde los ISP’s: si la compañía que provee al usuario el servicio de Internet percibe actos infractores contra el copyright por parte del mismo, le apercibirá hasta bloquearle si continúa.

¿Cómo queda la cuestión? Veremos qué sucede con la ley en el Senado, pues el Ejecutivo tratará de seguir recaudando apoyos para sacar adelante un contenido de mínimos: una junta arbitral como sistema de resolución de conflictos previo al heterocompositivo tradicional. Pero mientras tanto se pueden sacar algunas conclusiones: por una parte, la votación no es más que el castigo político a un Gobierno que hace mucho que no gobierna. Por otra parte, que la propiedad intelectual es una materia en la que el ciudadano español medio no está correctamente educado, y quizá hagan falta a este respecto campañas como la que antaño decía en materia de sanidad «póntelo, pónselo» para concienciar a la población. También se pone de manifiesto que los valores que mueven la democracia en este país no son los más deseables: si no se discute que aún pueda seguir destinándose dinero público a aquella entelequia llamada «alianza de las civilizaciones», ¿por qué ha de bloquearse un apoyo contra los titulares de derechos autorales?. Si, en efecto, la administración americana ha dado un toque de atención a un país que contemplan como un «self-service» gratuito e impune de obras ajenas, el primer pensamiento que debiera rondarnos es el de vergüenza, a no ser que se esté a favor de la anarquía y de la ley del embudo.

Yo estoy de acuerdo con Álex de la Iglesia. Quizá la solución del Gobierno no sea la más acertada. La actuación del orden administrativo para llevar a cabo una conducta restrictiva no es, sin embargo, ni mucho menos nueva, sino que camina de la mano con el aparato orgánico de los estados y se plasma en el gran número de potestades ablatorias de que son titulares. Pero parece que conferir a la Administración la potestad de clausurar una web no cuaja muy bien con la división de poderes en el Estado, principio constitucional básico, y hay que darle al César lo que es del César para que la autoridad judicial haga lo que le corresponde. Por otra parte, la Comisión propuesta no iba a entrar a decir de quién son los derechos autorales vulnerados, luego cuanto menos existiría falta de garantía por incomplitud de los efectos guarentigios derivados. También estoy de acuerdo con Sinde cuando dice que el texto de la ley no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que en cualquier caso es un derecho cuyo límite está en la injerencia en los demás derechos del prójimo (parece obvio que en mi libertad de expresión no puedo insultar severamente a una persona ni atentar contra su honor). Sin embargo, si se siguen dinamitando los intentos de protección contra el «todo gratis», se seguirán propagando los efectos negativos de la piratería.

Por todo esto y muchas cosas más, la Ley Sinde no es sólo la Ley Sinde, y lo que más allá de la votación de ayer está en juego es la honra de una nación; es el respeto al pan del vecino; es la conciencia de mediocridad como sociedad; es la valentía de algunos frente a la cobardía de muchos; es el clima político de un país desnortado; es la ganancia de los pescadores en río revuelto; es el reto de ponderar correctamente los intereses legítimos de ambos lados de la ecuación. Y recordemos que en macroeconomía todo está relacionado. Si A, entonces B, y si B, entonces C. Controlar y frenar la piratería redunda en efectos deseables en todos los ámbitos.

Como se decía en aquél anuncio antiguo, «¡una solución quiero!«