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La acción de jactancia: recopilación de sentencias en España

9 nov

En esta página de VLex se encuentra una completa recopilación de sentencias judiciales de procesos en los que se ha ejercitado la acción de jactancia.

Podemos extraer como conclusión en todas ellas que la vigencia de la acción en nuestro ordenamiento es discutida, si bien se reconoce por el Tribunal Supremo. Se la distingue además, en su naturaleza, de las acciones declarativas, y se constituye como una acción inherente al proceso civil. Se afirma en varias de las sentencias que la acción, como decíamos en el post anterior de este blog, recae sobre la idoneidad o posibilidad de ejercer defensa sobre derechos subjetivos, y se pone de manifiesto el problema, por tanto, de su posible roce con el principio de tutela judicial efectiva.


La acción de jactancia vs. la “Ley Sinde”

9 nov

El “bando de los internautas” ha lanzado a través de alguno de sus abogados acólitos una propuesta calificada por ellos mismos “de antídoto” para hacer frente a la Disposición final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible (pincha para ver el texto completo de la ley), apodada de forma reduccionista con el apellido de la actual ministra de Cultura, Ángeles González Sinde.

A grandes rasgos y sin ánimo de exhaustividad, dicha Disposición final segunda habilita a la Administración para que obligue a proveedores o alojadores de webs que presuntamente vulneren derechos de Propiedad Intelectual a facilitar información sobre su actividad; El Ministerio de Cultura se inviste con la potestad de salvaguardar los derechos de Propiedad Intelectual frente a vulneraciones provinientes de Internet, para lo que se creará una Comisión Nacional de mediación, arbitraje y salvaguarda de derechos que, entre otras cosas, pretende servir como órgano conciliador entre entidades de gestión y asociaciones de usuarios, y, la parte más polémica, establece todo un procedimiento mediante el que la Administración se arroga la potestad reguladora y sancionadora frente a injerencias en los derechos de autor cometidas desde páginas web. En otras palabras, se “puentea” la actuación judicial para cerrar webs, ganándose así eficiencia y velocidad, todo ello sin perjuicio de las correspondientes acciones civiles y/o penales que en su caso procedan.

La solución a las cuitas que esta Ley va a suscitar entre sus detractores parece poder encontrarse en tan vetusta fuente legal como las Partidas de Alfonso X el Sabio, concretamente en la figura de la llamada “acción de jactancia“, cuya vigencia está reconocida por el Tribunal Supremo en nuestro ordenamiento. Dicha acción consiste básicamente en instar a quien alega ser molestado en un derecho subjetivo a que ejecute, exhiba o accione el título que dice asistirle, o que desista de su alegación de perturbación.

Sin embargo, mucho me temo que quienes han visto un foco de luz en este recurso habrán de ornamentarlo, vestirlo y maquillarlo de forma muy prolija para que les sirva de algo:  el ejercicio de acciones civiles (y también penales, salvo en los casos de delitos perseguibles de oficio) es un derecho con el que el ordenamiento asiste a las personas en la defensa de sus intereses legítimos. Tal ejercicio depende de la discrecionalidad y albedrío personal de sus titulares, y es a ellos a quien compete decidir sobre su enervación. Pensemos en la célebre coletilla “…con reserva del ejercicio de las acciones que en su caso procedan…”. A derechos subjetivos le son parejas medidas subjetivas de defensa.

Con el panorama que se esboza si entrara en vigor la Ley de Economía Sostenible algunos ya han advertido que aquellas webs sujetas a litispendencia no podrán a priori ser objeto para la Comisión administrativa, y menos aún si sobre ellas recae sentencia favorable de órgano jurisdiccional, por incurrir en la excepción de cosa juzgada.. Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura se ha manifestado la intención de “estudiar la manera” de volver a cargar por la nueva vía administrativa. Muchas páginas de enlaces, por tanto, querrán que las lleven a juicio antes de poder ser pasto de la Comisión. Veremos en qué queda todo esto.

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